Los gobiernos de los militares colorados Lorenzo Latorre (1876- 1880), Máximo Santos (1882-1886) y Máximo Tajes (1886-1890), fueron los que asentaron el poder central, dominaron a los caudillos rurales y tornaron los alzamientos sino imposibles, difíciles.
El Estado y el ejército gozaron desde ese momento del monopolio de la coacción física, en parte porque el armamento era ya costoso y de difícil manejo para los gauchos - el fusil Remington de repetición y la artillería Krupp hicieron su aparición - ; en parte porque los medios de comunicación (telégrafo) y transportes (ferrocarril) fortalecieron el poder montevideano; en parte porque la sociedad y la economía estaban cambiando y se oponían a las costosas rebeliones del pasado.
También contribuyó el afianzamiento de la paz interna el fortalecimiento del sentimiento nacional que ya no admitió la internacionalización de los partidos uruguayos y sus alianzas con los federales y unitarios argentinos o los bandos brasileños. La unificación de la Argentina y el Brasil, en torno a Buenos Aires y Río de Janeiro, hizo que poco a poco desaparecieran los llamados desde esas naciones a participar en las luchas internas. Desde este ángulo, la "Revolución de las Lanzas" (1870-1872) fue la primera guerra civil puramente uruguaya.
A los militares sucedieron los gobiernos civiles, presidencialistas y autoritarios, de Julio Herrera y Obes (1890-1894) y Juan Idiarte Borda (1894-1897). Al exclusivismo colorado y sus manipulaciones electorales respondieron las revoluciones blancas capitaneadas por el caudillo rural Aparicio Saravia. Su levantamiento en 1897 fue la base de un gobierno colorado de compromiso con los blancos, el de Juan L. Cuestas (1897-1903).
Electo José Batlle y Ordóñez en 1903, Aparicio Saravia dirigió en 1904 la última gran revuelta rural. Pero estas dos revoluciones difieren de las anteriores: el programa de reivindicaciones políticas tendió a crecer sobre la mera adhesión a la tradición partidaria, y así, en 1897 y 1904, los blancos alzaron las modernas banderas del respeto a la voluntad popular en las elecciones y la representación proporcional de los partidos en el Poder Legislativo.
La paz interna y el fuerte gobierno central montevideano estuvieron vinculados a paralelas transformaciones que ocurrieron en la demografía, la economía, la sociedad y la cultura del Uruguay.
El Uruguay de 1830 apenas contaba con 70.000 habitantes. El de 1875 poseía ya 450.000 y el de 1900 un millón. El espectacular crecimiento - la población se multiplicó por 14 en 70 años - no tenía parangón en ningún país americano. La alta tasa de natalidad dominante hasta 1890 - 40/50 por mil habitantes - se había unido a una relativamente baja tasa de mortalidad - 20/30 por mil - para ambientar este hecho , pero el factor crucial de la revolución demográfica fue la inmigración europea.
Franceses, italianos y españoles hasta 1850, italianos y españoles luego, llegaron en 4 o 5 oleadas durante el siglo XIX. La inmigración fue temprana en relación a la más tardía que arribó a la Argentina, y sobre todo fue cuantiosa en relación a la muy pequeña población existente en 1830. De 1840 a 1890, Montevideo poseyó de un 60 a un 50 % de población extranjera, casi toda europea. El Censo de 1860 mostró un 35% de extranjeros en todo el país, y el de 1908 redujo esa cifra al 17%.
Los europeos - y brasileños - , con valores diferentes a los de la población criolla, sobre todo los primeros, más proclives al espíritu de empresa y al ahorro; protegidos por sus cónsules durante las guerras civiles y recompensados siempre por sus pérdidas por el estado uruguayo amenazado desde el exterior, se convirtieron hacia 1870-1880 en los principales propietarios rurales y urbanos, como poseían el 56% del total de la propiedad montevideana y el 58% del valor de la propiedad rural.
Los inmigrantes europeos fueron también los iniciadores de la industria de bienes de consumo al grado que en 1889 controlaban el 80% de esos establecimientos. Los inmigrantes, hostiles por lo general a las disputas entre blancos y colorados, exigieron la paz interna.
La estructura económica se modificó. El ovino se incorporó a la explotación del vacuno en la estancia de 1850-1870. De acuerdo al censo de 1852, la existencia ovina se reducía a 800.000 cabezas que daban de 400 a 500 gramos de lana criolla por cabeza, sólo apta para colchones. En 1868 la existencia se estimó en 17 millones que rendían 1,150 gramos de lana merino por cabeza, pues ya se había iniciado el mestizaje con ejemplares procedentes de Francia y Alemania. La lana suple al cuero como principal producto de la exportación uruguaya en 1884 de ahí en adelante, hasta que apareció con vigor la carne congelada en 1910-1920, la lana fue el principal rubro de ventas al exterior.
Esta transformación fue ambientada por el alto precio de la lana en el mercado internacional, debido sobre todo a la desaparición de la fibra competitiva, el algodón, a raíz de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos (1861-1865).
El ovino que podía ser explotado en campos de pasturas de calidad inferior y exigía 5 veces menos tierra por unidad que el vacuno, sirvio de base al desarrollo de la clase media rural. También requería en los comienzos, un incremento de mano de obra. El estanciero poseía ahora además del vacuno criollo que casi solamente adquiria valor por su cuero, el lanar, que el mercado europeo siempre compraba a buen precio.
El Uruguay de fines del siglo XIX tuvo así características económicas que lo singularizaron en el contexto latinoamericano. Producía alimentos - la carne - y satisfacía otras dos necesidades básicas del hombre, su calzado, con el cuero, y su vestimenta con la lana. Sus mercados externos se habían diversificados en vez de tender a la dependencia de un solo comprador. Brasil y Cuba consumían su tasajo; Francia, Alemania y Bélgica, sus lanas; y Gran Bretaña y Estados Unidos, sus cueros. Al comprarle Europa mercaderías que ella también producía, el Uruguay gozó de una renta diferencial elevada, por cuanto Europa mantenía sus ganados con más altos costos de explotación.
Estimaciones recientes del ingreso per cápita en el siglo XIX, realizadas en base al 15% de las exportaciones, permiten sospechar un elevado ingreso en el Uruguay de 1870-1900 - 317 dólares per cápita en 1881-1885, por ejemplo comparable y superior al de los Estados Unidos y muy superior al atribuído al Brasil.
Debemos anotar también que el librecambio británico - y europeo en general - fue una pieza esencial de este sistema económico en el cual el Uruguay vendía a Europa mercaderías que competían con su producción agraria. Mientras ese libre cambio duró - y lo hizo hasta la crisis mundial de 1929 - Uruguay tuvo un lugar económico seguro y rentable en el mundo.
Al ovino siguió el acercamiento de las estancias. Estas fueron alambradas entre 1870 y 1890 tanto para asegurar al propietario el uso exclusivo para sus ganados de las pasturas, como para permitir el mestizaje del ovino y el vacuno con razas europeas. El cerco dejó desocupada a la mano de obra que antes custodiaba el ganado y generó un problema insólito de hambre y miseria rural. Esta desocupación tecnológica se convirtió paradojalmente en un buen caldo de cultivo para las últimas guerras civiles de fines del siglo XIX y principios del XX.
Ovino y cercamiento, dos enormes inversiones aumentaron la necesidad de orden interno que tenían los estancieros. Los terratenientes protagonistas de estos cambios se agremiaron y fundaron la Asociación Rural en 1871, con el fin de imponer la paz interna a toda costa.
Paralelamente ocurrieron transformaciones en el medio urbano. A partir de 1860 comenzaron las primeras inversiones extranjeras, sobre todo británicas. Fueron los avanzados entre 1863 y 1865, la fábrica Liebig en la industria de carnes, y en las finanzas el Banco de Londres y Río de la Plata y el primer empréstito del gobierno uruguayo de los inversores en la City Londinense. En 1884 se estimó en 6,5 millones de libras el total de las inversiones británicas; en 1900 ya eran 40. Los ingleses ya habían construído los ferrocarriles - la primera línea fue inaugurada en 1869 y en 1905, el kilometraje total alcanzaba los 2000 - invertido en los servicios públicos de Montevideo (agua corriente, gas, teléfonos, tranvías) e incrementando sus empréstitos al gobierno y su intervención casi monopólica en el mercado de los seguros.
En el caso de los ferrocarriles, los capitalistas ingleses obtuvieron importantes concesiones del gobierno uruguayo que deseaba ese medio de transporte a cualquier costo con tal de poder utilizarlo para doblegar las revueltas rurales. La mayoría de las líneas gozaron de un interés garantido del 7% del capital ficto de 5.000 liras por kilómetro de vía férrea, lo que ocasionó la construcción de inútiles curvas y tal vez de un 10 a un 5% de kilometraje superfluo. El Estado solo podía intervenir en la fijación de las tarifas si las ganancias de las empresas superaban el 12%, cifra a la que naturalmente nunca llegaron.
El ferrocarril fue esencial para que el gobierno central pudiera controlar el interior. Cuando en 1886 el Río Negro fue cruzado por un puente ferroviario, el Uruguay, que siempre había estado dividido en dos mitades en invierno, se unificó.
Este medio de transporte, así como las otras compañías inglesas instaladas en Montevideo, generaron una corriente de antipatía popular por sus elevadas tarifas y deficientes servicios. El monopolio que usufructuaba el ferrocarril, la empresa de aguas corrientes, la del gas y el oligopolio de las compañías de seguros, contribuyeron a fomentar dudas en la clase política ya en 1890 acerca de los beneficios que acarreaba al Uruguay el capital extranjero no vigilado por el Estado.
Por eso la ley de 1888 instituyó un control estricto de la contabilidad de las empresas ferroviarias y en 1896 se fundó el primer banco del Estado: " Banco de la República Oriental del Uruguay".
Todos estos inversores, como es casi obvio, exigían la pacificación interna del Uruguay, pues las utilidades de la empresas extranjeras y el cobro de los intereses de la deuda del gobierno uruguayo, por ejemplo, estaban ligados a la marcha pacífica y próspera del país.
La inversión británica en el Uruguay, aunque pequeña comparada con la totalidad de las imperiales en el mundo, era cuantiosa comparada con el capital industrial uruguayo. El Uruguay ocupaba el quinto lugar en la cuantía del capital inglés invertido en América Latina, teniendo los primeros puestos Argentina, México, Brasil y Chile. Pero si dividimos la inversión extranjera por el número de los habitantes del país latinoamericano receptor, el quinto lugar se transforma en segundo, sólo detrás de Argentina.
Luego en 1875, el crecimiento demográfico y la legislación aduanera proteccionista ambientaron el nacimiento de la industria moderna. Incipiente y desarrollada sólo en la provisión de bienes de consumo (alimentos, bebidas, muebles, tejidos, cueros), generó tanto un patronato deseoso de orden como un proletariado, numericamente exiguo, pero hostil al enganche en las filas de los ejércitos blancos y colorados.
La sociedad uruguaya, resultante y promotora a la vez de estos cambios, fue muy distinta a la de la primera mitad del siglo XIX. Las clases se diferenciaron con claridad, la dueña de la tierra era compleja, pues al lado del latifundio se consolidó la propiedad mediana con la explotación del ovino. El censo de 1908 permite deducir que los predios de 100 a 2.500 hectáreas, asimilables a estancias de la clase media rural, ocupaban el 52% de la superficie apta, y que 1391 predios de más de 2501 hectáreas - los latifundios - ocupaban el 43% de esa superficie. Este era el fruto de una larga evolución histórica que salvo a la gran propiedad pero la obligó a cohabitar con una importante clase media rural. Las guerras de la independencia y las civiles con su cortejo de ruina ganadera, robos de haciendas e interrupción de la producción, tuvieron otra consecuencia importante: la titularidad de la propiedad cambio de manos velozmente en el siglo XIX. El latifundio existía en 1900 pero los latifundistas ya no eran los mismos del período colonial o de los primeros años del Uruguay independiente. La clase alta olía a nuevos ricos. Eso disminuyó su poder y su prestigio en el seno de la sociedad.
Los estancieros gozaban en 1900 de la posesión de dos monopolios: la tierra y la carne, valorizadas ambas con los avances de la industria saladeril y sobre todo con la fundación en 1905 del primer frigorífico exportador de carnes congeladas a Europa.
El proletariado rural ya no podía optar entre la vagancia y la labor en las estancias, ahora debía trabajar para alimentarse. Los desocupados miserablemente en los llamados "pueblos de ratas", cambiando su anterior dieta carnívora por ensopados de escaso valor nutritivo. El servicio doméstico o la prostitución para las mujeres; el peonaje, la esquila, el contrabando y el robo de ganado para los hombres, fueron las actividades del gaucho moderno. Pero, ya empezó a emigrar a las ciudades.
En Montevideo, la aparición de la "cuestión social" fue la novedad. Aunque el ascenso social aún era posible, las condiciones de vida del proletariado industrial eran duras. Las jornadas de 11 o 15 horas ambientaron la prédica anarquista y la fundación de los primeros sindicatos hacia 1875. El viejo temor de la clase empresaria a la subversión blanca, fue poco a poco sustituído por su nuevo miedo a la revolución social.
Ocurrieron cambios también en el orden cultural y mental. La Universidad abrió sus puertas a los estudios de abogacía en 1849, a los de Medicina en 1876 y a los de Matemáticas en 1888. En 1877, el gobierno del coronel Latorre, inspirado por José Pedro Varela, decretó una importante reforma en la enseñanza primaria, volviéndola obligatoria y gratuita y otorgándole recursos para su desarrollo. La tasa de analfabetismo que era elevadísima, comenzó a descender. El deseo de incrementar la actividad política de los habitantes y a la vez prepararlos mejor para el nuevo orden económico estuvo detrás de esta transformación.
El Uruguay también secularizó sus costumbres y su cultura. En 1861 la Iglesia Católica comenzó a perder su jurisdicción sobre los cementerios; en 1879 el estado decidió llevar los Registros del Estado Civil aunque admitió que el casamiento religioso precediera al civil. En 1885 se instituyó el matrimonio civil obligatorio y este debió celebrarse antes que la ceremonia religiosa. En 1907 se aprobó la primera ley de divorcio.
A pesar de que en las escuelas del Estado, aún se aprendía el catecismo, la hostilidad de las autoridades y muchos maestros, redujo esa educación al mero aprendizaje de memoria del Catecismo, sin ninguna explicación previa. En 1909 fue suprimido por completo este resto de enseñanza religiosa.
La juventud universitaria, hecho tal vez más significativo que los anteriores, se embarcó primero en el espiritualismo ecléctico (1850-1975) y luego de esa fecha en el positivismo y el agnosticismo, cuando no el ateismo. La Iglesia Católica se sintió perseguida y reaccionó, pero el grueso de las clases dirigentes y buena parte de la población o siguieron hostilizándola o la miraron con indiferencia. De acuerdo al censo de 1908, los católicos ya no eran la mayoría absoluta entre los hombres nativos de Montevideo. Su 44% era seguido muy de cerca por un 40% de hombres nativos que se habían declarado liberales.
Otro signo de la modernidad fue la aparición de un nuevo modelo demográfico. La natalidad comenzó a decrecer ya en 1890, la edad promedio del matrimonio femenino ascendió de 20 a 25 años, y comenzaron a aparecer las primeras formas de control artificial de la natalidad, denunciadas con vigor por el clero católico.
De este modo llegó al siglo XX el país mas tempranamente europeizado de América Latina.
documento elaborado por: José Pedro Barrán
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